Uno de los malentendidos habituales al hablar de la repartición de las haciendas mexicanas y su transformación en ejidos en las décadas posrevolucionarias, viene de suponer que los propietarios de esas tierras simplemente las perdieron sin recibir nada a cambio. Lo cierto es que las leyes agrarias de la época señalaban que el gobierno debía pagar una indemnización a los hacendados cuando tomara sus tierras para crear un ejido. La única excepción sería la de los terrenos que legalmente se demostrara habían sido arrebatados a los pueblos, en cuyo caso se consideraría una restitución de tierras comunales y no una dotación. Pero este caso fue más bien raro. De hecho, en nuestro municipio de Aculco únicamente el pueblo de Santiago Oxthoc Toxhié logró demostrar una usurpación de tierras de ese tipo y obtener la restitución.
Con todo, en la práctica este pago de indemnizaciones fue bastante irregular. Hubo desde aquellos hacendados que recibieron de inmediato una compensación, como otros que la reclamaron por décadas y jamás vieron un centavo. El secreto estaba, como siempre, en el dinero e influencia en gobiernos que eran tan corruptos y arbitrarios como todos los que han gobernado este país:
Las tensiones que se crearon entre los propietarios y el gobierno estaban íntimamente enlazadas a la situación política y económica del país, aprovechando los momentos de inestabilidad fue que los terratenientes más acaudalados y con mayor vinculación al poder lograron pactar con el gobierno y pudieron reorientar sus inversiones hacia otros ramos de la economía. Pero aquellos que no gozaban de buenas relaciones no pudieron evitar la expropiación de sus terrenos, sin ver nunca la indemnización prometida, por lo que eran los que más se quejaban de la política agraria y que estuvieron prestos a unirse a quienquiera que se opusiera al régimen (Regina Tapia y Catherine Andrews [coordinadoras], La reforma agraria desde los Estados: ensayos en conmemoración del centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, México, SCJN, 2018, p. 39 y 40).
En el caso de la hacienda de Arroyozarco -como consigné en el epílogo de mi libro Arroyozarco, puerta de tierra adentro- se decía que la indemnización para sus dueños habría sido más bien extrajudicial y consistente en concesiones para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura en el norte del país. Negocios que les habrían rendido utilidades suficientes como para olvidarse de esa finca y sentirse plenamente compensados.
Existen ciertamente indicios de ello, pues José Henríquez Guzmán, esposo de María, hija de la dueña de Arroyozarco doña Dolores Rozas y quien actuaba como apoderado de sus herederos, tenía, entre otras inversiones en la industria de la construcción, acciones en la compañía Construcciones, S.A., a la que, por ejemplo, el gobierno del presidente Miguel Alemán concedió en 1947 la construcción de la presa Álvaro Obregón en el río Yaqui, en Sonora (José P. Arreguín Mañón y Ana Terán, Dos testimonios sobre historia de los aprovechamientos hidráulicos en México, México, CIESAS, p. 60). Pero hasta hace poco tiempo desconocía que sí hubo además por lo menos dos indemnizaciones formales por la expropiación de algunas tierras de Arroyozarco.
En efecto, el Diario Oficial de la Federación (DOF) del lunes 26 de marzo de 1945 señala que la presidencia de la República (en ese momento a cargo de Manuel Ávila Camacho) había resuelto "compensar por equidad a la señora Guadalupe Verdugo de Landa, por las expropiaciones que sufrió, para fines agrarios, en las fracciones de su propiedad de la ex hacienda de Arroyo Zarco". Guadalupe era la segunda hija de doña Dolores Rozas y don Agustín Verdugo, y usaba el apellido Landa por su esposo Enrique Landa. Esa compensación consistió en poco más de 646 hectáreas de terrenos en el Sistema del Río Yaqui, Sonora, adquiridos por el Ejecutivo federal con ese fin y que se consideraban equivalentes al valor catastral de las tierras perdidas por ella en Arroyozarco.
Ciertamente esas 646 hectáreas eran incomparables en superficie a las aproximadamente 25 mil que en Arroyozarco fueron convertidas en ejidos. Pero se trataba de tierras de riego, ubicadas además en una de las zonas agrícolas más productivas del país, donde ese mismo año el científico Norman E. Bourlag desarrolló las investigaciones que iniciaron la Revolución Verde, un proceso que transformaría la producción agrícola a nivel mundial. No eran en absoluto poca cosa.
María Verdugo de Henríquez, la otra hija y heredera de doña Dolores Rozas, recibió también su indemnización con tierras en la misma región, aunque en menor cantidad. O más bien fueron sus herederos, puesto que ella había fallecido en un accidente automovilístico en Michoacán unos años antes. En su caso, el acuerdo publicado en el DOF el viernes 27 de septiembre de 1846 indica que el valor de las afectaciones que sufrió su propiedad en Arroyozarco por dotaciones agrarias se había estimado en $ 323,177.93 pesos y se le compensaría con cien hectáreas de terrenos en el Valle del Yaqui por valor de $ 50,000.00 pesos, reconociéndole en todo caso a su sucesión un saldo de $ 273,177.93 pesos, sin que se indique cómo se le pagarían.
Así, las hermanas Verdugo Rozas prácticamente cambiaron sus tierras de Arroyozarco por otras en Sonora.
